El
INAH ha optado por el pensamiento monótono, por la indiferencia de la historia,
por la vacuidad de todo proyecto intelectual, por algarabías inútiles en las
que la autoridad de décadas, la historia de las interrogaciones se disipa…
Raymundo Mier
Víctor Manuel Ovalle Hernández
Profesor de Asignatura de la Escuela Nacional de
Antropología e Historia (ENAH), México.
Publicado en Antropología Mexicana, Indigenismo, El INAH y la Escuela Nacional de Antropología e Historia en el contexto neoliberal, Miguel Ángel Adame (Compilador y Editor), Ediciones La Social, México, 2015, pp. 115-137.
Resumen:
En este artículo se analiza al Instituto Nacional de Antropología e Historia
(INAH) como aparato ideológico del Estado mexicano, la conflictividad que ha generado
con organizaciones civiles, sindicales y comunidades étnico-campesinas a partir
de su pretensión de conciliar preservación y mercantilización del patrimonio
histórico-cultural de México y las respuestas sociales que se derivan de esta
confrontación.
En las dos primeras décadas del siglo XXI, el INAH se ha visto
involucrado en distintas controversias y episodios conflictivos con sectores
organizados de la población sobre el tema del cuidado y preservación del patrimonio
histórico-cultural de México. A esta institución se le ha acusado de mal manejo
y negligencia en el cumplimiento de sus funciones y de ser cómplice de los
gobiernos municipales, estatales y federales al servicio de las empresas
trasnacionales, en la mercantilización de diversos bienes culturales de nuestro
país. ¿Cómo se llegó a esta situación de enfrentamiento casi permanente? En
este escrito se ofrece una respuesta histórica a esta problemática.
Para entender el asunto es necesario ubicar al INAH como parte de un
sistema social que cuenta con instituciones agrupadas en un Estado cuya función
es dirimir las contradicciones internas para que dicho sistema funcione en
forma adecuada.
El Estado es una abstracción que nos permite entender el gobierno, las
normas jurídicas, las prácticas y los comportamientos sociales que rigen en un
territorio.
El Estado se integra de instituciones, o grupos de personas localizadas
en sedes reconocidas por el Poder, quienes adoptan comportamientos convencionales
para atender y resolver asuntos de interés público y privado. De esta manera
existen instituciones de gobierno como la Presidencia de la República, El
Congreso de la Unión y los Congresos Estatales y los Partidos Políticos
oficiales; instituciones militares como el Ejército, la Marina, La Policía
Federal y las policías municipales; instituciones educativas de nivel básico,
medio y superior e instituciones civiles como sindicatos, asociaciones de
vecinos, asociaciones deportivas y culturales que coexisten y se reconocen
mutuamente. La familia constituye la unidad básica del sistema estatal.
Dado que vivimos en un sistema capitalista en el que todo lo que produce
el ser humano es susceptible de ser convertido en mercancía, aun los bienes
culturales y en el que la autoridad se ejerce en forma vertical a través de jerarquías o jefes que ascienden o descendien en el escalafón del poder político, el comportamiento de las instituciones promueve y defiende los intereses de la
clase dominante o burguesa.
El Estado-Nación es una disposición territorial que responde a un momento
histórico del Capitalismo, en el que se pretende conciliar intereses
antagónicos entre clases sociales, comunidades étnicas rurales y urbanas
diversas. Es también una forma de administrar los mercados y los flujos de
mercancías y capitales de unas regiones a otras.
El surgimiento del
Estado-Nación, está asociado a la pretensión de la burguesía nacional de
manejar la economía sin la intervención decisiva de los grandes monopolios y
las potencias imperialistas de Occidente. El gobierno, como garante del Estado,
se ostenta como representante de los intereses generales de la Nación.
Tras 100 años de conflictos sociales bélicos, que incluyen la
Guerra de Independencia, las invasiones norteamericana y francesa a nuestro
país y la Revolución mexicana, el Estado-Nación se consolida en nuestro país,
una vez que es posible reconocer jurídicamente los derechos, garantías y
facultades de los sectores populares, en particular las comunidades
étnico-campesinas. Esto ocurre entre los años de la promulgación de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, y el gobierno
del Presidente Lázaro Cárdenas de 1934-40.
En esa época, toma forma el Nacionalismo mexicano, expresión ideológica o
superestructural de la industrialización capitalista en nuestro país, que
además de integrar símbolos como la bandera y el himno nacionales, se legitima
ante los sectores populares administrando la Memoria histórica, es decir,
exaltando las raíces mexicanas, “el pasado glorioso”, definiendo la evolución
social por etapas e incorporando la idea de “la redención del indio” al
discurso oficial. Esta forma de identidad promueve la incorporación al Progreso a través de la alfabetización y la Educación pública,
laica y gratuita. Se adjudica la prerrogativa de salvaguardar el patrimonio
histórico-cultural y pretende que la lucha de clases es sustituida por la
unidad de clases.
El Nacionalismo justifica la existencia y razón de ser de un Estado que
aunque sirve a la clase dominante, en el discurso ideológico se presenta como
representante de todas las clases sociales y garante del legado
histórico-cultural.
El Estado mexicano capitalista, se enfrenta a la contradicción de haber
creado y sostenido instituciones no dedicadas al lucro, que en la época actual,
en la que predominan los capitales financieros internacionales en todos los
ámbitos de la vida económica, ceden a la tentación de participar en el proceso
de acumulación de capitales.
Tal es el caso del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH)
que con 75 años de existencia ha evidenciado su complicidad con el mercado de
bienes culturales y el poder económico.
El INAH se constituye por decreto presidencial el 31 de diciembre de
1938, como resultado de la política nacionalista derivada de la Revolución
Mexicana, con el objetivo de realizar las tareas científicas y de conservación
del patrimonio cultural de México y de la población indígena que legó ese
patrimonio. Años más adelante, en 1949, se fundó el Instituto Nacional Indigenista
(INI) con independencia en objetivos y políticas al INAH. De esta manera, el
INAH se dedicó a la investigación y protección del patrimonio cultural, a los
estudios antropológicos e históricos, a la enseñanza y difusión de estas áreas
a través de museos y publicaciones (Olivé, 1988: 207).
En sus primeros años, el Instituto realiza sus funciones con las
limitaciones propias de una institución centralizada, con un reducido personal
calificado –en la ENAH se formaban las primeras generaciones de especialistas
en las ciencias antropológicas- y con un modesto presupuesto para cubrir el
extenso territorio nacional.
No obstante, de 1939 a 1958, la dependencia integra y sistematiza los
servicios de protección de los monumentos y restauración de las zonas
arqueológicas, el estudio y la protección de los monumentos coloniales e
históricos, los museos regionales, locales y de sitio, los archivos, las
bibliotecas y la ENAH, mediante planes de cooperación con la UNAM, el
Politécnico y el Colegio de México. El Museo Nacional, ya dedicado
exclusivamente a la antropología, enriquece sus colecciones, reestructura sus
salas, emplea técnicas museográficas modernas y fortalece sus actividades de
difusión. Se crea en 1952 la Dirección de Prehistoria y en 1954 la Dirección de
Estudios Antropológicos, la cual promovía proyectos interdisciplinarios de
antropología y etnología para estudiar los problemas de la población mexicana. En estos años se logran avances sustanciales en el conocimiento de las
culturas prehispánicas, en la investigación de la población actual del país, en
el diseño de las acciones de protección del patrimonio y en las tareas de
restauración de los monumentos y zonas arqueológicas. Resalta en esta época, la
preservación de los monumentos del Centro Histórico, de la Merced, Coyoacán y
San Ángel de la Ciudad de México, que estuvieron amenazados por los proyectos
de obras públicas y de modernización. El Instituto evitó que se destruyeran los
edificios coloniales a lo largo de la calle de Tacuba (Olivé, 1988: 209-213).
El auge económico de la posguerra arrojó la entrada de enormes
inversiones extranjeras en nuestro país, principalmente estadounidenses, lo que
permitió la industrialización y el crecimiento económico de los años 1950-60.
Se implementaron grandes proyectos museológicos y de restauración de zonas
arqueológicas monumentales con el apoyo de los sucesivos gobiernos federales, quienes
encontraron en el patrimonio cultural un mecanismo de exaltación del “pasado
glorioso” y de la figura presidencial, que eran ligados ideológicamente en el
discurso nacionalista.
A partir de este momento, se priorizan las inversiones educativas, las de
investigación y difusión del patrimonio cultural con el propósito de fortalecer
la identidad nacional y mostrar las riquezas culturales del país. Se inicia
entonces la promoción del turismo cultural como medio para nivelar la balanza
de pagos (Olivé, 1988: 214-15).
El primer trabajo del INAH que integra el manejo ideológico del Estado
mexicano con las demandas de afluencia turística de esta floreciente industria
es el Proyecto Teotihuacán de 1962-64, durante el gobierno de Adolfo López
Mateos, que se concibe primordialmente como una labor de acondicionamiento de
la zona para el turismo, ya que la Avenida de los Muertos se habilita como un
corredor de acceso cómodo, los edificios aledaños se consolidan sólo en la cara
que ven los turistas y se reconstruye para ellos el Palacio de Quetzalpapálotl,
aun cuando el dato original es muy limitado (Rodríguez, 1996: 92-93).
Durante este mismo régimen se construye el Museo Nacional de Antropología
(1964), concebido como un gran altar para rendir admiración al pasado
prehispánico, que despliega técnicas modernas de museografía y una gran riqueza
informativa, logrando un gran impacto internacional y convirtiéndose de paso,
en el mayor logro del sexenio (Rodríguez, 1996: 93.94).
A partir de entonces, el INAH deberá atender los “encargos
presidenciales”, de uso estatal, que se traducirán en proyectos coyunturales
sexenales: el Proyecto Cholula del sexenio de Gustavo Díaz Ordaz (1964-70); las
investigaciones en torno a los presuntos restos de Cuauhtémoc en Ixcateopan,
Guerrero, en el periodo de Luis Echeverría Álvarez (1970-76); El Proyecto
Templo Mayor, en la gestión de José López Portillo (1976-82); la creación de
museos por toda la República durante el régimen de Miguel de la Madrid Hurtado
(1982-88) y los 12 Megaproyectos arqueológicos impulsados por Carlos Salinas de
Gortari en su sexenio (1988-94) (Rodríguez, 1996: 95-101).
Un golpe demoledor al “orgullo nacional” significó el robo de 140 piezas
arqueológicas al Museo Nacional de Antropología el 25 de diciembre de 1985, en
medio de una profunda crisis económica y social, y a sólo tres meses de
ocurrido el terremoto del 19 de septiembre. No obstante, la recuperación de la
mayoría de las piezas en 1989, fue una inmejorable oportunidad para el
cuestionado régimen entrante de promover
su imagen a través de un acto de propaganda política en el que se dieron cita
el Presidente de la República, el Presidente de CONACULTA, el Procurador
General de la República y el Director General del INAH entre otros (Antropología,
1989).
En los años 1990, el INAH participó como organizador junto con el INBA y
organismos privados en la Exposición México,
esplendores de 30 siglos, en la que se expusieron obras consideradas
artísticas de la época prehispánica, colonial y contemporánea, primero en
Estados Unidos durante un año y medio (en la ciudad de Nueva York) y
posteriormente en Monterrey, Nuevo León en la que se dijo que se exponía “con
orgullo nuestros orígenes y nuestra identidad” (Abelleyra, 1992: 35).
En todos estos años el Estado se consolida como el principal promotor de
la conciencia nacional e impulsor del turismo en nuestro país, atribuyendo al INAH
su carácter de aparato ideológico. Poco importó desatender las necesidades
académicas del gremio antropológico e identitarias de los diversos sectores de
la población.
En 1997, María Teresa Franco, Directora General del INAH, declaraba a un
diario de circulación nacional, que hacía falta establecer un programa de
planeación importante que pudiera articular la conservación del patrimonio con
programas turísticos integrales. Comentó que la relación con el sector turismo
era orgánica, ya que el INAH era miembro de un consejo técnico dentro de la Secretaría
de Turismo (SECTUR) y que el trabajo era ahora más intenso vía dos grandes
programas: el de Mundo Maya y el de Ciudades Coloniales. Franco reconocía el
financiamiento de la SECTUR a proyectos de investigación arqueológica y
construcción de unidades de servicio, talleres de imagen urbana y programas de
capacitación para guías de turistas. De acuerdo con los conteos elaborados por
personal del INAH durante el segundo semestre de 1996 y el primero de 1997, 11
millones 513 mil personas visitaron las zonas arqueológicas. De ellas, 8
millones 390 mil fueron connacionales (73%) y 3 millones 123 mil extranjeros
(Mateos y Ravelo, 1997).
Y en 1998, Jorge Carlos Díaz Cuervo, Secretario Administrativo del INAH,
anunciaba que el Instituto desarrollaría estrategias para recibir flujos de
turismo en las 155 zonas arqueológicas abiertas al público, de un total de 25
mil registradas en todo el país; que entre las medidas a adoptarse estarían el
acercamiento concreto y fluido a empresas privadas y organismos internacionales
como la Organización Mundial de Turismo (OMT) que en ese entonces preveía un
incremento anual del 4 por ciento en la rama turística durante los siguientes
20 años en todo el mundo. Informó que desde 1995 se habían firmado las bases de
colaboración entre distintas entidades gubernamentales para realizar proyectos
de desarrollo sostenido y sustentable de las zonas turísticas, arqueológicas,
históricas y paleontológicas. Para el funcionario era posible conciliar el
incremento de las corrientes turísticas “con un claro espíritu conservacionista
y de valoración del patrimonio cultural” (Gómez, 1998).
Un año después, El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) donaba más de
1.2 millones de dólares a la Organización Mundo Maya para la implementación de
un programa de desarrollo económico y social sobre el área comprendida de
Belice, El Salvador, Guatemala, Honduras y México, el cual contemplaba un plan
de inversión en turismo cultural y de aventura, así como ecoturismo, que –de
acuerdo al proyecto- preservaría el medio ambiente, el patrimonio cultural y
garantizaría la participación de la comunidad maya y otros pobladores (Reforma,
1999).
A partir de los años 1990 se recurrió a la utilización de zonas
arqueológicas monumentales como escenarios de conciertos multitudinarios y
eventos artísticos: en 1997 se presentó Luciano Pavarotti en Chichén Itzá,
Yucatán, generando protestas, tanto por el alto costo de los boletos (el más
barato fue de 50 dólares), como por las 17 mil personas que se acomodaron en la
explanada principal, generando daños a las estructuras, que las autoridades
minimizaron. En ese mismo sitio se realizaron los conciertos de Plácido Domingo
en 2008, Sarah Brightman en 2009 y Elton John en 2010, con la restricción de
tener un aforo máximo de 6,500 personas; en 2010, se presentó la Orquesta
Filarmónica de la Universidad Nacional Autónoma de México en Uxmal. A partir
del año 2000, el gobierno federal autorizó la celebración anual de la Cumbre
Tajín, en el Estado de Veracruz, que se realiza durante cinco días en tres
sedes: la zona arqueológica, la ciudad de Papantla y el parque temático
Taquilsukut, y que recibe a unos 400 mil asistentes. Los espectáculos de luz y
sonido se instalaron por primera vez 1984 en Uxmal y Chichén Itzá y en 2008 fue
implementado en Morelos un sistema de iluminación para visitas nocturnas en el
que los particulares sólo tienen la obligación de dar al instituto la cantidad
por concepto de entrada a las zonas por cada asistente (Mateos-Vega, 2012).
Se puede dilucidar que conservación y mercantilización son actividades
antagónicas e irreconciliables, que sólo pueden subsistir en conflicto
permanente, hasta ser resuelto en una u otra dirección. La preservación,
conservación y protección del patrimonio es una función que reserva una parte
valorada de la cultura material y simbólica a la cual encapsula, mantiene,
paraliza, aísla, le extrae el movimiento para su contemplación, comprensión e
identificación; la mercantilización en cambio, es una actividad que moviliza,
circula, pone en movimiento, transforma para el consumo inmediato. En los dos
casos existe la posibilidad del disfrute estético; en el caso de la
preservación, el disfrute es a largo plazo y en la mercantilización, el
disfrute es inmediato, procurando extraer la mayor tasa de ganancia en el menor
tiempo de consumo.
En nuestro sistema social, cuya razón de ser es la acumulación constante
de capitales por parte de los monopolios internacionales a través de la
producción y consumo incesante de mercancías de caducidad inmediata, la
conservación de objetos no parece tener cabida y cuenta con espacios limitados.
Bauman (2006: 18-19) ofrece una representación certera de la manera habitual de
vivir en nuestras sociedades modernas contemporáneas: “La vida líquida es una
vida devoradora. Asigna al mundo y a todos sus fragmentos animados e inanimados
el papel de objetos de consumo: es decir, de objetos que pierden su utilidad
(y, por consiguiente, su lustre, su atracción, su poder seductivo y su valor)
en el transcurso mismo del acto de ser usados”.
Sin embargo, la necesidad de alejarse de la incertidumbre, la
precariedad, la ausencia de rumbo y de contar con escenarios estables y
seguros, emerge entre los diversos sectores de la población mexicana que en los
hechos asumen la defensa de sus propios bienes de identidad.
En los últimos 20 años, el INAH se ha visto enfrentado a organizaciones
sociales, quienes le han demandado el no actuar con firmeza, prontitud y apego
a la ley en su principal encargo: la defensa irrestricta del patrimonio
cultural de México.
En 1994 habitantes de San Juan Teotihuacan levantaron una averiguación
previa en la Procuraduría General de la República contra las autoridades del
INAH por traficar con el patrimonio cultural al permitir la construcción de “La
Plaza de los Jaguares” en la zona arqueológica. En esta obra comercial el
entonces presidente de México, Carlos Salinas colocó la primera piedra. Los
habitantes argumentaban que el terreno es patrimonio cultural de la humanidad y
que no podría pasar a manos de los mercaderes de la cultura (Tinoco, 1994).
En 1997, colonos, intelectuales, estudiantes, profesores y trabajadores,
principalmente de la ENAH, se opusieron a la construcción del Megaproyecto
urbano Plaza Inbursa y Proyecto Peña Pobre del Grupo Carso, en medio de dos
estructuras prehispánicas: la Pirámide Circular de Peña Pobre, que colinda con
la esquina de San Fernando e Insurgentes y el conocido basamento circular en
terrenos de la Zona Arqueológica de Cuicuilco, al sur de la Ciudad de México.
Allí se localizaban vestigios arqueológicos como una presa primitiva, un cuerpo
de agua que contenía restos de cerámica y una figura completa que podría
representar al dios del fuego: Huehuetéotl. Se realizaron foros académicos,
políticos y festivales artístico-culturales. En septiembre de ese año, se llevó
a cabo la Segunda Asamblea del Congreso Nacional Indígena en la que
participaron más de 40 grupos indígenas mexicanos, además de la presencia de
1,111 delegados del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). En la
inauguración se efectuó una festividad ritual en el basamento circular y la
plenaria final se realizó a un costado del basamento con la intención de
defender al centro cívico-ceremonial (Adame, 1999: 1-3). Los representantes del
INAH aparecieron tarde y su titular, María Teresa Franco, se apresuró a emitir
su dictamen: “… el proyecto presentado es factible y respetuoso de la Ley
Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos, por lo
que se decidió autorizar la continuación de las obras del centro comercial… El
Grupo Carso no ha causado ninguna destrucción a la zona arqueológica (Vega,
1997: 25)”. Por su parte, el Sindicato de Académicos del INAH denunció que la
dirección del Instituto, se había manifestado incompetente para actuar
legalmente, al omitir la integración del expediente técnico para la declaratoria
de zona arqueológica (Vega y Posada, 1997). Finalmente se canceló la
construcción de una torre de 22 niveles del megaproyecto urbano y se firmó un
acuerdo de catorce cláusulas entre la Junta Vecinal Pro-Defensa de los
Monumentos Arqueológicos, Artísticos, Históricos, Culturales y Ecológicos de la
Delegación de Tlalpan, A. C., las autoridades del INAH y el Gobierno de la
Ciudad de México para salvaguardar lo rescatable de Cuicuilco (Salazar, 1999: 65-67).
El primero de abril de 2000, una cadena humana detuvo la demolición de
las antiguas bodegas de Santo Tomás en Ensenada, Baja California, las cuales
fueron fundadas en 1888 y en la época actual alojaban un Centro Cultural. Los
propietarios de los terrenos pretendían construir allí un supermercado ante la
indiferencia del INAH y del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA). El INAH
local argumentaba que no podía intervenir, pues las bodegas no tenían más de
100 años. Aprovechando la Semana Santa los propietarios pretendieron sorprender
a la población e iniciaron la demolición en la noche. Al percatarse, los
vecinos dieron la voz de alarma y de inmediato llegaron cientos de indignados
ciudadanos a defender el sitio con un cordón humano (Ortíz, 2000).
Desde el año 2000 se han registrado protestas contra el evento artístico
musical Cumbre Tajín: en ese año, alrededor de 150 personas, entre
investigadores del INAH, trabajadores, estudiantes de la ENAH y población se
manifestaron contra el cobro por el evento y contra el daño que se habría
generado al patrimonio cultural (Ravelo, 2000); en 2006, miles de campesinos totonacas e
integrantes del Frente del Totonacapan para la Defensa del Patrimonio Cultural,
así como agrupaciones adheridas a la
otra campaña zapatista marcharon en repudio al festival musical
Cumbre Tajín, y bloquearon de manera simbólica el llamado parque temático
Takilshukut, que de acuerdo a los manifestantes, fue edificado sobre vestigios
arqueológicos. Los representantes ejidales y agentes municipales de los
poblados totonacas exigieron que el centro recreativo, al que no tenían acceso
los indígenas, fuera cerrado y en su lugar se edificara la Universidad Indígena
del Totonacapan, como opción para frenar la pobreza extrema y la migración.
Denunciaron que en la Cumbre Tajín no participaban, ni como invitados ni
organizadores, que eran espectadores marginados o empleados de las empresas que
hacen mucho negocio ahí. Asímismo, investigadores del Instituto Nacional de
Antropología e Historia (INAH) presentaron una demanda de amparo ante el
juzgado 13 del fuero federal en Poza Rica y una denuncia de hechos en la
Procuraduría General de la República (PGR) por los daños ocasionados a la zona
arqueológica y la violación a la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicas,
Artísticos e Históricos (Morales, 2006). En 2009, la novena edición del
festival se inició en medio de protestas de pobladores totonacas de diversos
municipios del norte de Veracruz. Cerca de dos mil indígenas adheridos a la
Central de Organizaciones Campesinas y Populares (COCYP) marcharon por la
carretera Papantla-El Chote, antes de ingresar a la zona arqueológica en donde
realizaron un acto de desagravio a los dioses prehispánicos por nueve años “de
profanación, pisoteo y agresiones” a su cultura (Morales, 2009). En todos estos años, la Dirección General del
INAH ha sido acusada de complicidad con las autoridades federales y estatales
para llevar a cabo el evento.
Los Trabajadores de base del INAH agrupados en la sección D III 24, denunciaron
en 2009, que el Proyecto “Resplandor teotihuacano” -impulsado por el gobierno
del Estado de México a cargo de Enrique Peña Nieto-, consistente en visitas
guiadas nocturnas con un espectáculo de luz y sonido, de alto costo para la
población en general, había dañado a las principales pirámides de la zona
arqueológica: la del Sol y de la Luna. Al colocarse estructuras metálicas,
planchas de aluminio, cemento, más de 8,000 taquetes expansivos parta el
anclaje, cableado, capelos de fibra de vidrio, lámparas, soldadura, se
perforaron piedras de la estructura y el mortero de asiento, fracturando y
generando daños irreversibles a los edificios. Con este Proyecto se violaba la
Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos y
su Reglamento, además de la Ley Orgánica del INAH y varias leyes
internacionales (Volante D III 24 ORGANIZACIÓN NACIONAL). Asimismo, investigadores
y trabajadores sindicalizados de la zona arqueológica denunciaron la colocación
de bloques prefabricados de concreto sobre la superficie taladrada de las
Pirámides del Sol y de la Luna; consideraron que se trataba de una maniobra de
la empresa contratada por el Gobernador del Estado de México Enrique Peña Nieto
y del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) para justificar el
proyecto y decir que con los bloques de concreto no se dañarían las estructuras
piramidales, cuando el daño por haber taladrado las rocas de la cima de las
pirámides ya estaba hecho (Salinas, 2009). El Proyecto fue cancelado debido a
las protestas, aunque el siguiente gobernador, Eruviel Ávila, se comprometió
con empresarios durante su campaña a volver a lanzar el proyecto multimedia de
luz y sonido en la zona arqueológica (Mateos-Vega, 2012).
En 2012, los vecinos de Chimalhuacán, Estado de México, agrupados en el
Frente Ciudadano en Defensa del Agua Potable y Patrimonio de Chimalhuacán, denunciaron
que en el predio el Molino -expropiado por el gobierno del Estado de México en
octubre de 2010 para construir un Megaproyecto de 28 mil 90 metros cuadrados-,
se destruían objetos y estructuras prehispánicas. En el sitio se localizaba una
construcción reconocida como histórica y cultural por el gobierno estatal y por
el INAH, además de contener un área natural de fresnos y ahuehuetes de por lo
menos 700 años de antigüedad. No obstante, tanto las autoridades del
ayuntamiento como el INAH negaron los hechos. El Megaproyecto incluía el Teatro
Municipal, un parque infantil y la plaza Estado de México. Muchas piezas
arqueológicas fueron resguardadas por los residentes de la localidad para
evitar que su historia “fuera tirada a la basura” (Mendoza, 2012).
En 2014, pobladores de Cholula, Puebla, organizaron acciones de protesta
para evitar la expropiación de terrenos que se encuentran en las inmediaciones
de la pirámide de Cholula, que son considerados por el INAH parte de la zona
federal protegida por contener estructuras prehispánicas y piezas arqueológicas
y en donde se construiría el proyecto turístico estatal y municipal “Parque de
las Siete Culturas”. El 24 de agosto miles de personas, vecinos de San Pedro y
San Andrés, Cholula, activistas, académicos y gente de la ciudad de Puebla vestidos
de blanco y llevando veladoras, rodearon la pirámide tomados de las manos y
proclamaron la decisión de proteger su patrimonio. Dos días después los
pobladores detuvieron la expropiación arrancado una malla que el ayuntamiento
pretendía colocar en sus terrenos. En los siguientes días continuaron las
acciones de resistencia. Se presentaron grupos artísticos, se realizaron foros,
pintas en las bardas, actividades culturales para niños, jóvenes y adultos, se
elaboraron vídeos y hasta una amplia procesión el 4 de octubre en la que se
hermanaron los barrios de San Pedro y San Andrés, tiempo atrás enemistados. El
6 de octubre, unos 3 mil cholultecas tomaron la presidencia de San Andrés para detener
el proyecto del parque temático. En la madrugada del 7 de octubre fueron
desalojados por policías estatales y municipales del zócalo de San Andrés,
deteniendo a 4 personas. La amplia movilización cholulteca, aunada a una gran
presión nacional e internacional, logró, en primer lugar el anuncio de la
cancelación por parte del gobernador Rafael Moreno Valle del proyecto del
“Parque de las Siete Culturas”, el 15 de octubre, y casi 6 meses después, la
liberación de 2 de los 4 presos políticos (Muñiz, 2015). En agosto de 2014, el
delegado del INAH en Puebla, Francisco Ortíz Pedraza, reveló que había
acompañado al gobernador Moreno Valle a la zona donde se edificaría la obra,
ahí el mandatario se comprometió a presentarle el proyecto de manera formal
para que el Instituto otorgara los respectivos permisos, lo cual no cumplió. No
obstante, el responsable del INAH aplaudió que se fuera a construir un parque
recreativo pues generaría derrama económica y se reactivaría el turismo (López,
2014).
En 2015, integrantes de cuatro colectivos culturales de Naucalpan, Estado
de México, realizaron una marcha para exigir al INAH un informe sobre el
destino de al menos mil quinientas piezas originales de la cultura tlatilca,
que tiene en resguardo y la construcción de un museo de sitio para exhibir las
piezas prehispánicas originales de la zona. Las organizaciones suponen que las
piezas se encuentran arrumbadas en cajas, sin protección, ni registro,
maltratándose y con el riesgo de ser robadas (Chávez, 2015).
En este mismo año, arqueólogos, investigadores y pobladores de Atenco y
Texcoco, en el Estado de México, han denunciado que el nuevo Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México, que se construirá en esa zona por
iniciativa del gobierno federal, provocará la destrucción ambiental y
arqueológica de la zona.
Estos ejemplos y otros casos más en todo el país han generado la
desconfianza de sectores importantes de la población en el INAH. Habría que
añadir sucesos tan lamentables como el robo al Museo Nacional de Antropología de
1985, que evidenció la incapacidad del Instituto de proteger los bienes culturales
del pasado en su principal recinto de resguardo y el escandaloso saqueo
arqueológico que padece nuestro país en forma continua, desde hace décadas y
que el Instituto tolera:
De los 42 mil 991 sitios arqueológicos registrados
por el INAH a junio de este año, se considera que 40% de ellos han sufrido
saqueos, según Blanca Paredes, investigadora de la dirección de Registro
Público de Monumentos y Zonas Arqueológicas, quien comparte estadísticas
personales a falta de cifras oficiales. Con base en el seguimiento de noticias
y casos denunciados, la arqueóloga calcula que se presentan de 20 a 30
destrucciones de sitios por día… Para el director de la División de Objetos
Culturales y de Patrimonio Inmaterial de la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), Edouard Planche, la
situación de alto saqueo en México sólo se compara con países en conflictos
bélicos como Irak, Camboya, Afganistán y Colombia o con Guatemala (Chávez,
2010).
Es evidente que desde la creación del Instituto, nuestro país se ha
transformado profundamente: del México rural de finales de los años 1930, nos
colocamos en el México urbano del siglo XXI, en el que el predominio del
Imperialismo y sus empresas trasnacionales a nivel planetario es irreversible.
En el Imperialismo –hoy camuflajeado tras la careta de la doctrina neoliberal- las instituciones
del Estado-Nación no desaparecen como algunos pudieran pensarlo, continúan
siendo funcionales al Capitalismo global que ordena la producción y los flujos
de capital por países y regiones; y requiere concentrar la fuerza de trabajo
para disponer de ella sin mayores obstáculos, como podrían ser: la existencia
de sindicatos o la obligación de ofrecer salarios altos que inhiban la tasa de
ganancia y por lo tanto, la acumulación de riqueza. Una globalización
auténtica, sin fronteras, sólo es posible en un sistema socialista en el que
los Estados-Nación serían inútiles para el libre flujo de manufacturas,
tecnología y fuerza de trabajo que se movilizarían en función de satisfacer las
necesidades sociales y no las del Capital.
La alta burocracia –los mandos del Estado-, junto con los partidos
políticos, cumplen en esta época la función de mantener el control de la
población a través de cacicazgos
fuertes -familiares en muchos casos-, que promueven beneficios económicos a
quienes muestran lealtad y obediencia. La burocracia, que en los tiempos de la
consolidación del Estado-Nación en México se relacionaba con la burguesía
nacional y pretendía ser un instrumento para el desarrollo de un mercado
interno fuerte, hoy aparece subordinada y dócil a las demandas de la burguesía
internacional, que exige garantías para la explotación de las principales áreas
económicas: extracción de recursos naturales y turismo.
El INAH no es la excepción. En esta dependencia también se han generado
espacios de poder político, que en lugar de promover liderazgos académicos y de
investigación, han devenido en cacicazgos casi eternos, cuya función primordial
es mantener sus privilegios económicos. Un factor que favorece la proliferación
de cacicazgos académicos es la negativa de muchos investigadores a la
jubilación.
En un análisis realizado por el Foro Consultivo Científico y Tecnológico
que entrevistó a más de l,200 miembros del Sistema Nacional de Investigadores
(SIN) mayores de 60 años, los resultados mostraron que la mayoría no desea
jubilarse porque perciben el retiro como “una amenaza a su nivel de vida”. En
las condiciones actuales, el retiro significa dejar de contar con seguro
médico, espacio para trabajar, recursos para investigación o congresos e
incentivos económicos que pueden representar hasta el 75% de su percepción
anual (Olivares, 2013).
De esta manera, la Planta académica y de investigación se encuentra actualmente
envejecida y no permite que miles de jóvenes egresados con maestrías y
doctorados encuentren acomodo en los centros de investigación.
Finalmente, una burocracia dócil a los designios del Estado, lleva a
instituciones como el INAH a promover la mercantilización del patrimonio
histórico-cultural.
La docilidad burocrática en nuestras instituciones de
investigación y de educación superior ha sido ejemplar en la implantación de la
indiferencia, la mezquindad y la ignorancia como régimen de vida (Mier, 1999: 40).
El INAH tiene la capacidad jurídica para actuar con firmeza. Sin embargo,
como hemos visto, actúa con negligencia y
complicidad con los poderes fácticos económicos y políticos de alcance
internacional que pretenden lucrar con el patrimonio cultural de nuestro país.
El relevo, lo asumen entonces, las organizaciones sociales que han ido surgiendo
para defender sus bienes de identidad.
Debido a la importante función ideológica que desarrolla el INAH para el
Estado en promover la identidad nacional a través de la administración del
patrimonio cultural, es poco factible prever su desaparición, aunque sí podemos
anticipar nuevas iniciativas de reformas
a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e
Históricos que permitan a los capitales acceder sin limitaciones importantes al
usufructo de los bienes culturales.
La iniciativa del Ejecutivo Federal de crear una Secretaría de Cultura -enviada
al Congreso de la Unión en septiembre de 2015 y que absorbería las funciones
del INAH y del INBA- constituye un eslabón más en la mercantilización legal del
patrimonio histórico-cultural de México.
De esta manera, es posible también prever enfrentamientos cada vez más
recurrentes y beligerantes entre las agrupaciones ciudadanas, campesinas e
indígenas con el Instituto y los gobiernos municipales, estatales y federal,
asumiendo las organizaciones sociales la tarea de la defensa del patrimonio
histórico-cultural, evidenciando nítidamente al INAH, como una institución al
servicio de la clase burguesa en el poder. El conflicto persistirá, en tanto la
principal institución encargada de la preservación de los bienes culturales de
México, entienda el patrimonio como objetos y no como relaciones humanas,
manifestaciones culturales y lazos de identidad.
No obstante el prestigio institucional que tuvo el Instituto en el pasado,
lo que queda es un INAH debilitado, avasallado y violentado en sus tareas
sustantivas. Este debilitamiento también genera desprestigio e ilegitimidad
para el régimen político al que sirve. La promoción de la mercantilización en
todos los aspectos de la vida cotidiana, se traduce, por un lado, en el
desarraigo cultural de la población, y por el otro, en el fortalecimiento de
los lazos de identidad de diversas comunidades a partir de la organización
política.
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Se denomina cacicazgo a la relación que se establece en una comunidad o
grupo de personas en los que predomina uno o varios dirigentes que dictan el
comportamiento social y basan su poder en la capacidad de disponer de recursos
económicos y beneficios sociales que son repartidos en el grupo a cambio de
lealtad y obediencia. En el caso de los centros de investigación y las
instituciones educativas, los caciques académicos reparten becas o invitan a
compañeros investigadores y alumnos a participar en los proyectos de
investigación que dirigen.
