Manifestación en la Ciudad de México: Foto: La Sexta Nius.
Las revoluciones constituyen verdaderas
necesidades. Cierto que hay muchos cambios continuos, pero al acumularse se
producen cambios bruscos. Georges Politzer
Víctor Manuel Ovalle Hernández
Escuela Nacional de
Antropología e Historia, México
Publicado en Rebelión (www.rebelion.org)
29-12-2014
Publicado en Rebelión (www.rebelion.org)
29-12-2014
El asesinato de 6 personas, 25 heridos y la
desaparición con vida de 43 normalistas de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro
Burgos” de Ayotzinapa, hechos orquestados por el Gobierno de la República en
los que participaron el Ejército, la Policía Federal[1] y elementos de seguridad
del municipio de Iguala, Guerrero, el pasado 26 y 27 de septiembre de 2014, generó
una ola de protestas alrededor del mundo: movilizaciones masivas principalmente
en los estados de Guerrero, Michoacán, Oaxaca y el Distrito Federal; tomas de
edificios de gobierno, radiodifusoras, carreteras, casetas de cobro, gasolineras,
puentes internacionales y aeropuertos; cierres de tiendas de autoservicio
trasnacionales y bloqueos a instituciones bancarias en todo el país; paros
escalonados de estudiantes en más de 115 planteles –los principales del país- de
educación superior que incluyen a la Universidad Nacional Autónoma de México, el
Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma Metropolitana, la Universidad
Autónoma de la Ciudad de México, La Universidad Pedagógica Nacional, La
Universidad Autónoma de Chapingo y la Escuela Nacional de Antropología e Historia;
manifestaciones en consulados y embajadas mexicanas; pronunciamientos en el
medio intelectual y artístico; declaraciones de organizaciones de derechos
humanos y organismos internacionales y la proliferación de publicaciones en las
redes sociales.
Una respuesta social que no se había
registrado en otros hechos brutales de negligencia, violencia y represión estatal
como el incendio de la Guardería ABC en el que fallecieron 49 niños, 76
resultaron heridos de entre cinco meses y cinco años de edad en Hermosillo, Sonora
en 2009; la localización de más de 193 cadáveres en 47 fosas clandestinas en el
municipio de San Fernando, Tamaulipas en 2011, o el asesinato y desaparición
sistemática de luchadores sociales en todo el país, sucesos que tienen en común,
haber quedado impunes, como cientos de casos más en nuestro país.
El caso Ayotzinapa confirmó e hizo visible el
hartazgo, la desesperación y la indignación de la población trabajadora a un
sistema político carente de legitimidad, que promueve medidas económicas para incrementar
las ganancias de las corporaciones trasnacionales que operan en nuestro país y
que orilla a la inseguridad y la degradación económica a las personas que
debería proteger. El secuestro de los normalistas también parece representar el
inicio de un periodo revolucionario en nuestro país como a continuación
veremos.
El ambiente
socioeconómico
En la historia de los pueblos pueden
distinguirse dos tipos de eventos: los
hechos históricos, que son sucesos cotidianos: políticos, económicos,
culturales y tecnológicos, que pueden documentarse bibliográfica, gráfica y
audiovisualmente; se manifiestan en la continuidad social -la cual no es
estática, ni ausente de conflictos-, en muchos casos intentando trastocarla y
se presentan aparentemente aislados o desconectados del todo social. Y los acontecimientos
revolucionarios, que son los que
desencadenan procesos de cambio social, se insertan o aparecen como resultado
de estos procesos. Son eventos que alteran la continuidad e inercia del sistema
social o modo de producción predominante.
De esta manera, los sucesos de la Guardería
ABC, los asesinatos de San Fernando y la represión sistemática de luchadores
sociales, aparecen como hechos históricos, y a la vez, como cambios
cuantitativos que fueron erosionando la legitimidad y la continuidad del régimen
político, hasta desembocar en la represión estatal a los normalistas de
Ayotzinapa, que se manifiesta como un detonante social y acontecimiento revolucionario,
el cual desestabiliza al sistema y abre la puerta de la revolución social, desplegando
cambios cuantitativos en cascada, que pueden desembocar en cambios de calidad.
¿Cómo distinguimos un periodo revolucionario?
El proceso se inicia cuando el modo de producción predominante –el Capitalismo
en este caso- no es capaz de retroalimentar regiones sustanciales de su
estructura. Aparece entonces el conflicto en forma de cambios cuantitativos que
pretenden reparar los daños que afectan al sistema social. Estos cambios se manifiestan
en la continuidad del modo de producción y se perciben como hechos aislados a
través del tiempo, aun cuando irrumpan con profundo dramatismo. Son cambios que
soporta el sistema social sin alterar su naturaleza económica.
Surge entonces un detonante que no sólo sacude la conciencia social, sino que
articula y da sentido a los cambios cuantitativos, vinculándolos entre sí,
haciendo visible y nítido el encadenamiento de procesos económicos y políticos.
A partir de entonces, se transforma en un referente histórico que alimenta
cambios cuantitativos en cascada, que el sistema ya no es capaz de soportar. Sintiéndose
herido y en peligro de muerte, se defiende con una vehemencia
contrarrevolucionaria de extrema violencia, intentando eliminar los elementos
desestabilizadores o absolverlos con sus mecanismos adaptativos.
El proceso puede desembocar en un salto
brusco o cambio de calidad. El modo de producción se colapsa regionalmente y
cede ante la nueva conformación o disposición del sistema. La revolución se
consuma y se inicia un reacomodo en las relaciones sociales de producción que deben
articularse con las relaciones políticas. En tanto, el modo de producción
predominante no haya sido superado históricamente, los elementos residuales en
contubernio con los poderes globales continuarán ejerciendo presión y generando
conflicto, reagrupándose continuamente con el objetivo de regresar al estado
anterior, que las fuerzas contrarrevolucionarias conciben como el estado ideal
de la sociedad.
Marx (1983:251) decía que al llegar a cierta
fase de desarrollo, las fuerzas productivas materiales de la sociedad entran en
contradicción con las relaciones de producción existentes, o con las relaciones
de propiedad que es su expresión jurídica. De este postulado teórico se deriva
una consecuencia: las fuerzas productivas requieren sostener correspondencia
con las relaciones de producción. Si esto no ocurre, dichas relaciones se
convierten en trabas suyas. En el siglo XXI, observamos que las fuerzas
productivas están al servicio del mercado y la acumulación de capitales a nivel
mundial. Esto quiere decir que los beneficios de este desarrollo no alcanzan a la
mayor parte de la población mundial que se debate en la sobrevivencia, aun
cuando en esta mayoría, se ubican los que producen la riqueza social: los
trabajadores de la ciudad y del campo.
La imposibilidad de acceder a los bienes
sociales suficientes para mejorar sus condiciones de vida, está ligada a las recurrentes
recesiones económicas planetarias, que aparecen cuando el ciclo de la
producción-distribución-cambio y consumo de mercancías se interrumpe o no se
completa cabalmente debido a la imposibilidad de las personas de acceder plenamente
a dicho ciclo.
Aunado a ello observamos –como también lo explicó
Marx- que el Capitalismo es un sistema depredador que se autodestruye al devorar
sus dos fuentes de riqueza y de reproducción: la naturaleza y el trabajo. El
caso de Grecia en 2012 ejemplifica plenamente esta situación. En ese país
europeo el poder legislativo aprobó un plan de austeridad que incluía el
recorte de 15 mil plazas en el sector público, la flexibilización de las leyes
laborales en prejuicio de los trabajadores y una reducción del salario mínimo
de 751 a 600 euros (12 mil 637 a 10 mil 96 pesos mexicanos). De esta manera, la
población era obligada a pagar los costos de las turbulencias financieras y la
indisciplina fiscal de los sucesivos gobiernos griegos (La Jornada 2012).
También en México, los gobiernos de los
últimos 30 años han impuesto medidas en contra de los trabajadores, como
comprimir salarios, atacar sus derechos sindicales y los contratos colectivos
de trabajo, reducir sus prestaciones, además de privatizar casi todas las
empresas estatales, satisfaciendo con ello las demandas de los acreedores
financieros internacionales como el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario
Internacional (FMI) de acabar con el Estado benefactor e imponer el modelo
neoliberal. Por si esto fuera poco, recientemente el Partido Revolucionario
Institucional (PRI) en el gobierno, impulsó y aprobó en la Cámara de Diputados
y en la de Senadores un paquete de 11 reformas y 81 cambios en leyes
secundarias, que en el discurso oficial están destinadas a generar mayor
eficiencia y competitividad para reactivar la economía del país, pero que
también eliminan obstáculos legales a los capitales extranjeros que ya operan en
los sectores estratégicos de la economía, como petróleo, gas y minería.
De acuerdo a Cartocrítica, una organización civil independiente, el gobierno de Enrique Peña Nieto ha concesionado casi 5 millones de hectáreas para la explotación petrolera en territorios indígenas: 210 municipios de Tabasco, Veracruz, Campeche, Chiapas, Hidalgo, Coahuila Hidalgo, Puebla, Tamaulipas y Veracruz. Casi la totalidad del territorio de los chontales ha sido comprometido; 38% de los totonacos, 31% de los popolucas y 20% de los huastecos y náhuatl (Ánimas 2014).
En el caso de Guerrero, éste es uno de los estados que registran mayores niveles de pobreza en México. De acuerdo a cifras del Banco de Información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) esta entidad contaba con 3,388,768 habitantes, de un total de 112,336,538 en la República Mexicana en 2010. Cifras oficiales indican que el porcentaje de población guerrerense en situación de pobreza fue de 69.7%, es decir 2.44 millones de personas al cierre de 2012, lo que representa un incremento frente al 67.6% de 2010. Sus actividades económicas predominantes son la agricultura, en la que destaca la producción de maíz, de cocotero, café, mango, limón, melón, sandía y okra (Luna 2014) y el turismo, principalmente de Taxco, Zihuatanejo y Acapulco, en los que actualmente se registra una caída estrepitosa, debido a la recurrencia de tormentas tropicales y huracanes, la violencia delictiva y el conflicto reciente que ha orillado al cierre de negocios, pérdida de empleos y cancelación de reservaciones para la época de vacaciones decembrinas.
De 2011 a 2013, el crecimiento de su Producto
Interno Bruto (PIB) fue de apenas 0.5% en promedio, en contraste con el 3% de
la media nacional, señala un reporte de Banamex. Las actividades terciarias
(comercio, turismo, servicios, etc.) contribuyen con el 73.4% del PIB, mientras
que el peso del sector secundario (industria) es de 21.3% (contra 35.3% del
nacional). No obstante, en 2013, la entidad recibió 110.3 millones de dólares
por concepto de inversion extranjera directa, principalmente por el sector
minero, en donde operan compañías como Minera Gold Corp, Minaurum Gold, Zhong
Ning Mining Investment de China, Vedome Resources, entre otras. (Luna 2014).
En Guerrero, ha sido común el cobro de cuotas
a ganaderos, comerciantes y transportistas por parte de las organizaciones
delictivas coludidas con los gobiernos y la policía municipal, y el mal uso de
los recursos públicos que la Federación transfiere a los estados y municipios
para educación, salud, infraestructura básica, seguridad pública, programas
alimenticios y se asistencia social (Goche 2014). A la explotación económica se
suma también la dominación política y la degradación cultural.
Las condiciones objetivas para un
levantamiento popular ya existían en Guerrero desde décadas atrás. No obstante,
las condiciones subjetivas de fragmentación ideológica y aislamiento social, no
habían sido las propicias para generar un movimiento del alcance de Ayotzinapa,
el cual rebasó los límites regionales para obtener eco más allá de las
fronteras nacionales.
Manifestación
en Barcelona exigiendo justicia en México, octubre de 2014.
El proceso revolucionario
Un proceso revolucionario plantea la
existencia de un escenario de condiciones materiales de precariedad,
inestabilidad económica, explotación extrema y represión, por un lado, y
condiciones subjetivas de lucha, que combatan al Estado políticamente, por el
otro.
Asimismo, requiere una base organizativa, que
en el caso de Guerrero recae principalmente en la Coordinadora Estatal de
Trabajadores de la Educación (CETEG), y la Coordinadora Regional de Autoridades
Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) y los mismos estudiantes de la
Normal Rural de Ayotzinapa, que son organizaciones de masas influenciadas por
partidos y núcleos proletarios que cuentan con un programa político de
organización clasista. Tales organizaciones luchan por mejorar sus condiciones
laborales y educativas, además de proteger a sus comunidades de la
delincuencia, en particular del narcotráfico y que mantienen movilizaciones en todo
el estado. Asimismo, forman parte de la Asamblea Nacional Popular (ANP) que
incluye a más de 50 organizaciones sociales de Guerrero y del país. A esto se
debe que la respuesta al ataque a los muchachos normalistas haya sido tan contundente.
No fue el caso de la Guardería ABC en la que no existían antecedentes de lucha equivalentes.
Tras el secuestro de los estudiantes,
miembros de la Policía Comunitaria resguardan las instalaciones de la Normal
Rural de Ayotzinapa. Foto: Revolución 3.0
Una revolución puede rebasar las fronteras del
Estado-Nación, como ocurrió con los países de Centroamérica, en que el triunfo
de la Revolución Sandinista de Nicaragua en 1979, alentó procesos similares en
Guatemala y el Salvador, que se desarrollaron en la siguiente década; o con los
países que protagonizaron la “primavera árabe” en el año 2010, que se inició
con revueltas populares en Túnez y en Egipto, que derrocaron a sus respectivos
gobiernos y continuó con Libia y Siria, donde los gobiernos se resistieron a
dejar el poder y la población tomó las armas. En Libia derrocaron al gobierno con
ayuda de la OTAN y en Siria continúa la guerra civil.
Una revolución también puede ser delimitada
territorialmente dentro de un Estado-Nación, como en el caso de la lucha del
Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) que descartó la idea de tomar
el poder político federal y se concentró en desarrollar la autonomía de facto
en los territorios que controla, subsistiendo como contradicción al
Capitalismo, con los conflictos que esto conlleva.
En un periodo revolucionario se manifiestan las
distintas formas de lucha: la lucha armada organizada se acompaña de manifestaciones
callejeras, acciones de desobediencia civil, huelgas de trabajadores, paros
estudiantiles, toma de edificios de gobierno e instauración del poder popular y
todo tipo de acciones de propaganda contra el régimen en lugares públicos,
masivos, eventos ceremonias, manifiestos, declaraciones en medios y ahora
publicaciones en las redes sociales. Los símbolos de poder son denigrados y
ridiculizados. El 13 de octubre integrantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa
incendiaron el Palacio de Gobierno de Chilpancingo, la capital del estado,
después de una manifestación en la que participaron maestros, padres de familia
y estudiantes para exigir la presentación con vida de los 43 estudiantes
desaparecidos (Ar Pim 2014). El 11 de noviembre integrantes de la CETEG
irrumpieron en la sede del PRI, también en Chilpancingo, donde hicieron
destrozos y prendieron fuego a una parte del lugar (Aristegui Noticias 2014). Durante la Marcha multitudinaria del 20 de
noviembre se quemó un muñeco del presidente en el Zócalo de la Ciudad de
México, el corazón del país. Estos actos desafían al régimen político y permiten
a las clases explotadas distinguirse de sus opresores. Al adquirir conciencia
de clase, los trabajadores adoptan sus propios símbolos.
Foto/Twitter/@diario24horas.
Juan Luis Ramos
El estado de Guerrero ha sido muy
prolífico en organizaciones guerrilleras. Allí surgieron el Partido de los
Pobres (PDLP), dirigido por Lucio Cabañas Barrientos y la Asociación Cívica
Nacional Revolucionaria (ACNR), encabezada por Genaro Vázquez Rojas en las
décadas 1960-70. Ambos maestros rurales egresados de la Escuela Normal Rural de
Ayotzinapa. El Ejército Popular Revolucionario (EPR) irrumpió en este estado,
el 28 de junio de 1996, en el primer aniversario de la matanza de 17 campesinos
de Aguas Blancas, del municipio de Coyuca de Benítez, en la región de la Costa Grande.
En el mes de octubre de este año, el
Ejército Popular Revolucionario (EPR), el Ejército Revolucionario del Pueblo
Insurgente (ERPI), el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), las Milicias
Populares y las Fuerzas Armadas Revolucionarias-Liberación del Pueblo emitieron
13 comunicados en los que se exige la aparición con vida de los 43 normalistas
y se hace responsable de los hechos al gobierno de Peña Nieto (Gil 2014). El 6
de octubre, El ERPI anuncia la conformación de la “Brigada Popular de Ajusticiamiento
26 de Septiembre” para enfrentar a los sicarios del Estado, los denominados
“Guerreros Unidos”, a quienes se atribuye la desaparición de los
normalistas.
El Ejército Popular Revolucionario (EPR) en 1997. Foto: Reuters
Una revolución toma forma a través de sucesivas
luchas de obreros y campesinos, tras continuas derrotas: la Revolución Mexicana
tiene sus antecedentes en la huelgas obreras de Cananea, Sonora en 1906 y de
Río Blanco, Veracruz en 1907; y concluye en 1917 con la promulgación de una
nueva Constitución; La Revolución Rusa ensayó sus primeras insurrecciones
obreras entre 1905 y 1906, pero es hasta 1917 cuando los bolcheviques, dirigidos
por Lenin, toman el poder político en esa extensa región del planeta.
Las revoluciones son grandes conmociones
sociales, capaces de cambiar el perfil de una época, acelerar los ritmos
del desarrollo de grandes regiones, incluso de todo la humanidad, modificar la
secuencia de los procesos históricos y acelerar el progreso. Aunque hunden sus
raíces en las contradicciones y necesidades económicas, las revoluciones son
hechos políticos, jalones mediante los cuales las clases emergentes desplazan a
los representantes del viejo orden, destruyen las estructuras que sostenían su
poder e imponen las suyas… suelen ser traumáticas y violentas, no tanto por
ellas mismas como por la enconada resistencia que han de vencer. La crueldad,
las venganzas, los ajustes de cuentas y el terrorismo caracterizan mejor a la
contrarrevolución que a la revolución. Por la grandeza de sus metas y
propuestas, las revoluciones se abren paso con dificultad, no sólo por lo arduo
que resulta destruir el viejo orden, sino por lo complejo de construir uno
nuevo (Gómez 2007).
La revolución no es entonces un evento puntual
delimitado en espacio-tiempo; el derrocamiento de una clase social y la toma
del poder político por otra, es tan sólo un momento del proceso revolucionario
que incluye un antes y un después de este acontecimiento: se inicia con la
generación del entorno socio-económico de explotación extrema y el
estancamiento de las fuerzas productivas; continúa con la aparición de un
detonante ideológico –que generalmente es un acto de brutal represión del
Estado- el cual confirma la necesidad colectiva de cambiar las condiciones
materiales de vida y abre las puertas a un periodo revolucionario en el que se
profundiza la lucha de clases; prosigue con la toma del poder político por parte
de la vanguardias políticas de la clase que aspira al poder; y concluye con el
despliegue y aplicación del proyecto político revolucionario, que busca
consolidar las nuevas relaciones sociales para facilitar la evolución de las
fuerzas productivas en beneficio de un mayor número de personas. De esta
manera, la revolución puede consolidarse o ser destruida por la
contrarrevolución, en alguna de sus fases. Algunos procesos revolucionarios
ceden a las reformas del régimen y se desmovilizan militarmente, porque son
reconocidos como fuerza beligerante y obtienen garantías para continuar la
lucha política. Tal fue el caso del Frente Farabundo Martí de Liberación
Nacional (FMLN) de El Salvador y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca
(URNG) que firmaron sus respectivos acuerdos de paz en 1992 y 1996.
Es evidente la dificultad de contar con un
fechamiento preciso de las distintas fases por las que atraviesa un proceso
revolucionario. De allí que se enaltezca la toma del poder político como la
referencia fundamental.
Una revolución o proceso revolucionario puede ser
destruido, aun cuando se haya tomado el poder del Estado, debido a que las
contradicciones sociales propias del modo de producción predominante siguen
operando a nivel internacional.
La desaparición de la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas (URSS) y del Bloque de Países Socialistas de Oriente nos
deja dos lecciones: en primer lugar, que la humanidad no se dirige
irreversiblemente al Socialismo, en forma lineal y absoluta. Antes, el Capitalismo
nos puede destruir a todos, como lo está haciendo. Esto quiere decir, que no
existe garantía de un triunfo del proletariado en el mundo, aunque esto no
impide que se luche por ello; y en segundo lugar, el Socialismo no puede
desarrollarse plenamente en un solo país como pensaba el Stalinismo,
aunque sí puede desarrollarse como contradicción dentro del modo de producción
capitalista –como en el caso de Cuba y Venezuela- y pugnar por expandirse hasta
lograr desterrar al Capitalismo del planeta y entonces sí podrá consolidarse.
Para ese entonces, no habría necesidad de conservar las fronteras de los
Estados-Nación actuales.
El detonante social
Los detonantes sociales sacuden y dinamizan
la conciencia de clase; generan la movilización política y la toma de posición
de todos los sectores que componen la sociedad, que se ubican en algún extremo
de la lucha entre el Capital y el trabajo. Se trata de acontecimientos que
profundizan la lucha de clases, la cual aflora con toda su crudeza y
beligerancia.
Ayotzinapa constituye un detonante de cambio
social de la misma forma que el Movimiento estudiantil de 1968, que aunque no
desembocó en el derrocamiento del Estado -quien implementó la denominada
“guerra sucia” contra el movimiento armado y la disidencia política-, si generó
cambios económicos, políticos y educativos en los años siguientes a las
movilizaciones masivas, que hoy se perciben en la cultura contemporánea.
Las imágenes de los estudiantes normalistas
atacados brutalmente por las fuerzas del Estado, aglutinaron la indignación, el
repudio y el enojo social que desplegó el movimiento en todas direcciones. Los
normalistas rurales lograron generar una identidad plena con la clase
trabajadora de la ciudad y del campo e importantes núcleos de la clase media,
que vieron en los normalistas -quienes emplean un gran esfuerzo para salir
adelante en condiciones adversas de vida-, un símbolo de lucha y dignidad. A
ellos se suma la figura de sus padres, que buscan incansablemente a sus hijos
desaparecidos, generando empatía con millones de padres dentro y fuera del
país, quienes comprenden la desesperación e incertidumbre de perder a un hijo y
obtener de las autoridades de los todos los niveles de gobierno: simulación y retórica
populista en lugar de solucionar su demanda.
Padres de los normalistas en la Marcha
en la Ciudad de México el 5 de noviembre. Foto: Antonio Cruz, Sin embargo
El desprecio por los humildes, aunado a la
torpeza e insensibilidad del régimen, condujo al presidente Peña a manifestar
su deseo de “que realmente superemos esta etapa de dolor, demos un paso hacia
adelante y estemos dispuestos a construir un mejor entorno”, el cual le redituó
mayor repudio y descrédito entre la población, pues aunque se han realizado más
de 70 detenciones de presuntos responsables de la desaparición de los
normalistas, queda la certeza generalizada de que el principal responsable de
los acontecimientos en Iguala es el Estado; y cuando se confirmó la muerte de
Alexander Mora Venancio, uno de los 43 normalistas desaparecidos, por medio de
análisis realizados a restos óseos, por el Laboratorio de Genética de la
Universidad de Medicina de Innsbruck, Austria -presuntamente recuperados en el
basurero de Cocula, Guerrero, según la PGR-, ningún representante del gobierno
federal o estatal se acercó a los padres del estudiante para informarles sobre
su fallecimiento, hecho que fue tomado por ellos mismos como una humillación.
En esta situación de intensa lucha social, resulta
emblemático que sean algunos de los mismos padres quienes llamen al pueblo a la
revolución:
… ya
se requiere que entremos en otras cosas más fuertes, porque las marchas ya no
dejan nada, más que armarse e ir sobre ellos, el que sea, y quitar a las
autoridades que están. Si la gente nos ayuda, hay que entrarle y quitar a todo
este mal gobierno, pero hay que entrarle con una revolución; ya hay que
armarse, porque ya no hay de otra. Marchas, marchas y marchas, pues ya no dejan
nada… armarse para quitarlos y poner a gente honesta, que vea por el pueblo y
que trabaje bien, porque el mismo gobierno solapa a todos los delincuentes y
asesinos, y eso los va tirar la gente (Ocampo y Morelos 2014).
La VII Asamblea Nacional Popular reunida en
la Escuela
Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa el pasado 20 de diciembre, se
pronunció por un boicot a las elecciones federales que se llevarán a cabo en
2015, y llama a intensificar las acciones como bloqueos de puertos,
aeropuertos, liberación de casetas, cierre de autopistas, tomas de gasolineras
y distribución gratuita, toma de los medios de comunicación, bloqueo total al
Distrito Federal como parte de las acciones a enmarcarse en las “Jornadas
Acción Global por Ayotzinapa”, que buscan generar las condiciones para una
Huelga Política General en el país (Sinembargo 2014-a).
Ni las 10 medidas para fortalecer a las
instituciones en materia de seguridad pública, así como de procuración e
impartición de justicia, presentadas por el presidente en Mensaje a la Nación a
finales de noviembre, ni las acciones anunciadas a principios de diciembre para
reactivar la economía de Guerrero, que incluyen incentivos fiscales, impulso al
turismo y medidas de seguridad, devolvieron al Gobierno de la República la
escasa credibilidad y legitimidad que contaba antes de los hechos de Iguala.
Con estas medidas -u ocurrencias-, pretende generar la imagen de que la
corrupción y la delincuencia vienen de fuera, de elementos contaminantes y no
desde adentro del Estado como realmente ocurre. Villanueva concluye (2014):
Peña no entiende que “él forma parte de lo que se debe cambiar”.
A más de tres meses de ocurridos la
desaparición de los normalistas, el proceso de Ayotzinapa ya presenta consecuencias
políticas, sociales, económicas y culturales relevantes en forma de una
avalancha de cambios cuantitativos:
1) Ha
logrado mantener el interés y la indignación de la población en el caso durante
estos meses en las calles y en los medios privados de difusión masiva, aun en
época de vacaciones de fin de año. Desde los primeros días, a los
editorialistas y conductores de noticias no les quedó otra alternativa que “sumarse”
al reclamo social de que aparezcan los estudiantes con vida. Las redes sociales
han rebasado a los medios tradicionales de difusión de noticias,
adelantándoseles incluso, en compartir los contenidos multimedia al momento de
estar ocurriendo una movilización o un hecho represivo y no han dado tregua al
sistema político, al que se han encargado de evidenciar cotidianamente su
carácter corrupto, en particular, de la pareja presidencial.
2) Alentó
a trabajadores, estudiantes y campesinos a profundizar sus luchas y en algunos
casos, a asumir la autonomía en sus comunidades: en diciembre de 2014
pobladores del Estado de Guerrero habían tomado 35 palacios municipales, lo que
representa el 43 por ciento del total de ayuntamientos en la entidad. En cinco
ayuntamientos se instalaron gobiernos autónomos, con concejos y asambleas
populares (Goche 2014). El Movimiento Popular de Tecoanapa, Guerrero informó
que todos los municipios de la Costa Chica, de Guerrero ya habían sido tomados
por los concejos municipales populares y que las movilizaciones contra el
gobierno continuarían (Lara 2014).
3) La
lucha por la aparición con vida de los normalistas de Ayotzinapa se hermanó con
otro movimiento de gran trascendencia histórica: el de los estudiantes del
Instituto Politécnico Nacional que generó un Paro generalizado de labores en
más de 40 escuelas debido a la imposición de un reglamento autoritario y la
adecuación de los planes de estudio a los requerimientos del Capital
imperialista. No sucedía un hecho de esta naturaleza desde 1987 en que
desarrolló una lucha contra el porrismo[2]
en esa institución. A la par de su movimiento, los estudiantes politécnicos se
dieron tiempo y espacio para apoyar a sus compañeros normalistas. La influencia
de Ayotzinapa llevó a las autoridades federales a aceptar la mayoría de las
demandas de los politécnicos y firmar acuerdos públicos en diciembre. Los
políticos se dieron cuenta que la posible radicalización del movimiento estudiantil
se podría articular con la lucha de las organizaciones guerrerenses, acelerando
una insurrección popular de magnitudes impredecibles.
4) Consigue
la renuncia del gobernador del Estado de Guerrero, quien había sido acusado de
participar con el narcotráfico, siendo éste un hecho inédito en los últimos
años, en que ningún mandatario había dejado su cargo por las movilizaciones
sociales, aun cuando este ejemplo podría replicarse en otras entidades
federativas. Asimismo, se logra la separación del cargo, como presidente
municipal de Iguala, de José Luis Abarca Velázquez, quien fue posteriormente detenido
al lado de su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, ambos responsables de
los hechos del 26 y 27 de septiembre.
5) Opone
a la imagen idílica y fantasiosa que ha promovido el gobierno de México en el
extranjero, la imagen real de una nación saqueada, degradada económica y
culturalmente por los mismos que hoy ven “un país de oportunidades”. En octubre
del presente año 16 diputados del Parlamento Europeo se manifestaron
“profundamente consternados” por los hechos ocurridos en el estado de Guerrero
y solicitaron que el proceso de modernización del Acuerdo Global entre México y
la Unión Europea (UE), que negocian actualmente las partes, sea suspendido
hasta poder “reconstruir la confianza” con las autoridades mexicanas en materia
de derechos humanos (Appel y Alcaraz 2014). Y en noviembre intelectuales
y catedráticos de 25 universidades del mundo convocaron al Foro Global “México
y la herida abierta del mundo”, con el cual invitaban a estudiantes,
comunidades académicas y ciudadanía en general para que, entre noviembre y
diciembre, generaran espacios de información, reflexión y diálogo sobre la
crisis de ingobernabilidad y violaciones de derechos humanos que vive México y
que ha sido puesta en evidencia con la desaparición de 43 estudiantes
normalistas (Sinembargo 2014-b).
6) Debilita
sustantivamente, a lo interno como externo de nuestro país, la imagen de Peña
Nieto, quien representa la irracional embestida neoliberal en nuestro país. Apuntalado
en los medios de divulgación masiva y en los partidos políticos oficiales,
había impulsado y logrado que se aprobaran meses atrás en el Congreso, un conjunto
de reformas que daban garantía al Imperialismo financiero para acceder sin
obstáculos legales, a la producción de los principales recursos de la economía
nacional, como el gas, el petróleo y la minería. Dentro de este paquete se
encuentra la Reforma educativa, cuyo objetivo no explícito, era acabar con el
pensamiento crítico en las escuelas, en particular con las normales rurales
sobrevivientes. La presión social e internacional orilló a Peña a firmar una
minuta con los padres de los desaparecidos y los representantes de la normal de
Ayotzinapa, en el cual se compromete a entregar los recursos necesarios para
estas escuelas (Romero y Ramírez 2014). Los principales diarios, publicaciones y
cadenas de noticias internacionales, señalaron el derrumbe político del actual
presidente: el diario estadounidense The New York Times dedicó su espacio
editorial del 11 de noviembre a hablar del fracaso del gobierno de Peña. Por su
parte The New Yorker, en su edición del 12 de noviembre señala que Peña Nieto
es a menudo descrito como un “actor”, en México y en el extranjero se vendió a
sí mismo como un modernizador neoliberal y reformador que iba a llevar a cabo
el “Momento de México”, pero hoy su gobierno de violencia y corrupción, asola
el país. The Washington Post aseguró el 19 de noviembre que el Presidente
Enrique Peña Nieto, quien ha tratado de dirigir la narrativa nacional lejos de
la violencia del narcotráfico y hacia la Reforma Económica, se encuentra justo
donde no quería estar. El Analista en
seguridad Alejandro Hope comenta en BBC News de Londres que el caso se combinó
con la compra de una mansión de US $7 millones por parte de su esposa, Angélica
Rivera y el conflicto de interés que representa. Observa que el desempeño de la
economía es uno de los temas que más críticas ha causado entre los
especialistas, pues las expectativas eran muy altas y concluye que “el país
está al borde de una recesión”. El influyente diario francés Le Monde publicó
una nota de portada con la cabeza: “Revuelta de los mexicanos contra el
Estado-mafia”. La televisión pública RT de Rusia publicó un reportaje enmarcado
en el segundo aniversario de Enrique Peña en el poder y aseguró que su
popularidad ha caído al nivel más bajo para un presidente mexicano desde 1995.
Televisión Nacional de Chile (TVN) destacó que el crimen de Iguala es uno de
los peores de la historia reciente de América Latina. TeleSUR de Venezuela
realizó un reportaje titulado: Mexicanos rechazan políticas del gobierno de
Enrique Peña Nieto (Palestino 2014). La Revista Forbes indicó que la crisis
política y social detonada por la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela
Normal Rural de Ayotzinapa despertó serias dudas sobre la capacidad del
gobierno de Peña Nieto para hacer frente al problema de violencia en el país (La
Jornada 2014).
7) Las
movilizaciones han obligado al Estado mexicano a resolver el caso pronta y
satisfactoriamente. El alargamiento de las investigaciones, el montaje de
hechos inverosímiles, como la versión del Procurador General de la República de
que los estudiantes fueron asesinados, quemados y reducidos a cenizas por
miembros de un Cártel del narcotráfico o el intento de desviar la atención con
noticias escandalosas y distractores, ha abonado mayor descrédito al actual
régimen.
8) Asimismo,
el movimiento logró contener y evidenciar la represión del Estado, aun cuando
los normalistas tomaron la sede del Congreso local e incendiaron el Palacio de
Gobierno de Guerrero, el pasado 13 de octubre y teniendo como antecedente la
represión sistemática a las manifestaciones contra el régimen, aumentando con
ello el número de presos políticos en el país. El Gobierno Federal ha fracasado
en su intento de desacreditar y aislar a los profesores de Guerrero y más
recientemente a los padres de familia. Tanto padres, estudiantes de la Normal
de Ayotzinapa como integrantes del Movimiento Popular en Guerrero han sido
amedrentados continuamente para que abandonen la lucha: los presionan para que
dejen de movilizarse, los vigilan afuera de sus casas y a los papás les están
ofreciendo dinero para que dejen de buscar a sus hijos (Sinembargo 2014-c). El
Gobierno Federal lleva a cabo una estrategia para desprestigiar a todas las
organizaciones que apoyan el movimiento: las autoridades ya habían intentado
vincular a los jóvenes normalistas con el grupo delincuencial Los Rojos;
el Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional “fichó” a los abogados que
acompañan a los familiares de las víctimas, el Secretario de Marina Vidal
Francisco Soberón Sanz afirmó que los padres de los normalistas eran
“manipulados” por grupos que sólo buscan intereses particulares y el domingo 14
de diciembre, un grupo de policías en estado de ebriedad rompió las vallas del
sitio donde se iba a realizar un concierto en apoyo al movimiento, provocando
un enfrentamiento entre activistas solidarios y la policía (Camacho 2014). La
represión alcanzó a las movilizaciones de la Ciudad de México, donde se
provocaron enfrentamientos con la policía y se pudo documentar la detención
arbitraria de personas, agresiones físicas y psicológicas a manifestantes,
defensores de derechos humanos y periodistas. A 11 personas detenidas tras la
Manifestación del 20 de noviembre se les intentó imputar los cargos de motín,
asociación delictuosa y tentativa de homicidio. De acuerdo a versiones de
funcionarios consultados por el diario La Jornada (Méndez 2014), los agentes
ministeriales que tenían a cargo la investigación, recibieron la indicación de
sus mandos superiores de acreditar también el delito de terrorismo a los
detenidos. Y aunque se les trasladó a penales de alta seguridad fuera de la Ciudad
de México, para dificultar su defensa, 9 días después fueron liberados por
falta de elementos para procesarlos. En el norte del país, elementos del
Ejército mexicano ingresaron a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de
la Universidad Autónoma de Coahuila. Uno de los estudiantes denunció que
entraron armados, tomaron fotografías y vídeos, además, traían nombres de
alumnos que habían participado en la manifestación del 20 de noviembre (El
Siglo de Torreón 2014). El pasado 2 de diciembre, con el voto mayoritario del
PRI y los partidos de derecha, se aprobó en la Cámara de Diputados una Ley de
Movilidad, que consiste en reformas a los artículos 11 y 73 de la Constitución
Política Mexicana y que puede servir al Estado para criminalizar las protestas,
reprimiendo las manifestaciones con el pretexto de garantizar la movilidad de
otros ciudadanos. El dictamen fue enviado al Senado, quien podrá aprobarlo en
los próximos meses.
De esta manera, el
Movimiento Internacional por Ayotzinapa representa una ventana abierta, que
permite visualizar escenarios alternativos al de la violencia y la inseguridad institucionalizadas,
el despojo de los recursos naturales y la explotación desmedida de la fuerza de
trabajo mexicana.
Mexicanos
en Francia exigen justicia para los normalistas de Ayotzinapa. Foto: Mónica Delgado
La brutal represión a los normalistas
evidenció de manera nítida que los sicarios del narcotráfico -por un lado-, y
el ejército -por el otro-, constituyen los brazos armados del Estado mexicano,
que donde quiera que se establecen –el segundo con el pretexto de combatir a
los primeros- inhiben en las poblaciones el ejercicio de sus derechos colectivos
y garantías individuales, como los de libre tránsito, libertad de expresión y
manifestación; impiden también que defiendan sus recursos naturales como sucede
en el Estado Guerrero, en el que las mineras trasnacionales -principalmente
canadienses-, pretenden despojar y controlar amplios territorios de las
comunidades campesinas y evitar que defiendan su derecho mismo a la vida.
Ayotzinapa se levanta vigorosa, renovada y
digna; aportando dirección y sentido a la fragmentada lucha social, resultado
de sucesivas derrotas políticas. Su fuerza radica en la justeza de sus demandas:
presentación con vida de los 42 normalistas desaparecidos y castigo para los
autores materiales e intelectuales de los hechos, renuncia de Enrique Peña
Nieto porque no representa los intereses, ni aspiraciones del pueblo mexicano, que
han permitido aglutinar a los trabajadores del campo y la ciudad, a
estudiantes, intelectuales, amas de casa, junto a organizaciones de lucha
social y política.
El principal desafío es mantener la unidad del
movimiento, promoviendo la inclusión de los diversos sectores sociales en una
lucha revolucionaria e imaginativa, en la que uno de sus objetivos estratégicos
sea construir organizaciones permanentes, que se preparen para profundizar la
lucha de clases, que confronten sus ideas y posturas políticas en debates
francos y en los que se respeten los acuerdos. El movimiento debe prepararse
para generar cambios políticos a su paso, a la par que evade la represión…
La humilde familia de Felipe Arnulfo Rosa,
uno de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos. http://regeneracion.mx/
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Víctor Manuel Ovalle Hernández es
arqueólogo, profesor de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH)
de México, investigador de los movimientos sociales en este país y miembro del
Comité Ejecutivo de la Coalición de Profesores de Asignatura y Asistentes de
Investigación del Instituto Nacional de Antropología e Historia.
[1] La versión que ha sostenido el
Gobierno Federal es que se trató de un hecho aislado del crimen organizado. En
realidad fue una acción coordinada de las fuerzas del Estado, para hostigar a
una de las Escuelas con mayor tradición de lucha social en México, que estorba
a la Reforma Educativa impulsada por el gobierno en turno y a la que pretendía
desaparecer. Una investigación periodística, basada en documentos oficiales
(informes inéditos y declaraciones judiciales), vídeos y testimonios obtenidos
por la Revista Proceso y analizados con el apoyo del Programa de Periodismo de
Investigación de la Universidad de Berkeley, California, revela que fuerzas
federales actuaron directamente en el atentado contra los normalistas. De
acuerdo con la información obtenida por Proceso en la
Normal de Ayotzinapa, el ataque y desaparición de los estudiantes fue dirigido
específicamente a la estructura ideológica y de gobierno de la institución,
pues de los 43 desaparecidos uno formaba parte del Comité de Lucha Estudiantil,
máximo órgano de gobierno de la escuela y 10 eran “activistas políticos en
formación” del Comité de Orientación Política e Ideológica (COPI). Un informe
inédito del gobierno de Guerrero –fechado en octubre y entregado a la
Secretaría de Gobernación (Segob) hace más de un mes– señala que desde su
salida de las instalaciones de la Normal de Ayotzinapa, los estudiantes eran
monitoreados por agentes de las administraciones estatal y federal (Hernández y
Fisher 2014). Organizaciones de la sociedad civil expresaron en un comunicado
que “testigos estudiantes y gente
local, afirman que los atacantes, después del incidente recogieron los
casquillos; que la calle estaba cerrada por policías encapuchados, con armas
largas y uniformes oscuros (distintos de los de la policía municipal) y que
estaban equipados con pecheras, rodilleras, cascos, coderas, y pasamontañas;
que una patrulla traía soporte para ametralladora, además de que en uso de los
camiones se encontraron residuos de gas lacrimógeno”. También aseguran que el
Procurador General de la República miente cuando dice que los normalistas
fueron asesinados y quemados. El titular del Instituto de Física de la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Jorge Montemayor, demostró que
tal como lo presentó la dependencia de gobierno a la opinión pública resulta
imposible haberlo realizado: “la hipótesis de que fueron quemados en el
basurero de Cocula no tiene ningún sustento en hechos físicos o químicos
naturales”. (Sinembargo 2014). Denunciaron también que el ataque en Ayotzinapa
no es un hecho aislado y que las agresiones se deben a que “Guerrero es un
estado que se encuentra en la franja de oro del país, tiene 705 concesiones a
trasnacionales mineras vigentes que amparan una superficie de 1,317,452
hectáreas, equivalentes al 20.5% del total de su territorio y a tan sólo una
hora de Iguala, se encuentra la mina de oro más importante de Latinoamérica, de
la que se pretende extraer más de 60 millones de toneladas del metal áureo”.
[2] En México se les
denomina porros a los jóvenes y adultos
que operan en la Escuelas públicas de Educación Media Superior y Superior
(bachilleratos y universidades). Suelen asistir a los partidos de futbol soccer
y americano –de allí el nombre- y se
comportan violentamente. Algunos de estos grupos funcionan como grupos de
choque, ya que son financiados por las autoridades estatales para atacar,
vejar, robar, generar miedo en las
escuelas e impedir la organización estudiantil.
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