Sobre de la idea de cambio social a través de la política en México

Víctor Manuel Ovalle Hernández

Profesor de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH)

En los últimos años, particularmente en el pasado proceso electoral de 2018, en que ganó la presidencia de México el político tabasqueño Andrés Manuel López Obrador, ha aflorado una creencia en el imaginario social -principalmente entre los seguidores de este dirigente, tanto en los foros de discusión como en las redes sociales-: que se puede cambiar la situación de degradación social del país, sustituyendo a los “malos” por “buenos políticos”. Los malos, los que violentaron, traficaron, robaron, asesinaron y dejaron al país “en ruinas”; los buenos, los que prometen gobernar con honestidad y han desafiado con perseverancia a los primeros.

Esta noción, aprendida a través de los libros de texto de historia política de nuestro país, en las que se resalta el papel de los personajes heroicos y no el de las masas de trabajadores y campesinos en la conformación del Estado-nacional, se acompaña de otras ideas complementarias:

Que el espacio primordial de los ciudadanos en la política son las elecciones y el espacio de los políticos es el gobierno. Esta dicotomía ciudadanos/gobierno, contribuye a preservar la escasa conciencia política de la población; impide que las personas confronten con argumentos sólidos -a partir de la reflexión crítica de textos, discursos, declaraciones-, las ideas de sus oponentes y de sus mismos candidatos, recurriendo a descalificaciones e insultos y reproduciendo argumentos simplistas del tipo: que en el gobierno se ha enquistado un grupo de políticos: “la mafia en el poder”, que son los responsables de la corrupción, por lo tanto, si se quita a este grupo, desaparece la corrupción. La oposición ciudadanos/gobierno no deja otra opción a los seguidores más que seguir con lealtad a su dirigente y confiar en que sus decisiones serán sensatas y no los traicionará y es también responsable de que una considerable cantidad de población vea la autoorganización independiente para gestionar sus demandas como algo extraño y a la vez lejano. Para ser más claros, este manejo de la política despolitiza y desmoviliza a los trabajadores.

Otra idea con popularidad ha sido que “México ya despertó”, tras décadas de sometimiento por parte de un partido en el poder, ignorando con ello, la tradición de lucha obrera, campesina y popular que ha sido constante durante el último siglo. Esta creencia –que es sólo eso- bien pudo aparecer durante el Movimiento estudiantil de 1968, en las movilizaciones populares tras los sismos de 1985, en los mítines de Cuauhtemoc Cárdenas de 1988, durante el alzamiento zapatista de 1994, en la lucha nacional del Movimiento #Yosoy 132 de 2012 y en las manifestaciones por la aparición con vida de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

Asimismo, subyace la idea de que el poder político subordina al poder económico y que por lo tanto, un liderazgo honesto puede cambiar las condiciones materiales de precariedad, miseria y pobreza de la mayoría de la población. Esta creencia no considera que la economía de nuestro país ha estado abierta y dominada por los monopolios trasnacionales: empresariales y financieros –utilizando prácticas y políticas legales e ilegales-, cuando menos durante los últimos 30 años. De esta manera, el Estado y la política, asumen el papel de garantizar que las inversiones fluyan para obtener una alta tasa de ganancia, enfrentando los menores obstáculos posibles, mediante la eliminación de aranceles, la creación de infraestructura, comunicaciones y la facilitación de territorios, fuentes de energía, recursos naturales y fuerza de trabajo dócil y barata, aun y cuando tengan que modificar leyes constitucionales, comprar, engañar, amenazar, despojar, desplazar poblaciones y reprimir las resistencias.

En realidad, el poder político es una expresión del poder económico y por lo tanto queda subordinado a éste. En una sociedad capitalista dividida en clases sociales, el Estado (que incluye al gobierno y demás instituciones) representa los intereses de la clase dominante: la burguesía. No es un órgano que actúe como mediador en los conflictos que surgen entre capitalistas y trabajadores, ni un ente que promueva el bien común, sino el instrumento político que permite garantizar la acumulación constante de riqueza a la burguesía nacional y extranjera, por lo que la forma en que los trabajadores podrían transformar sus condiciones de vida, es apropiándose de los medios de producción y estatizando las empresas estratégicas de la economía nacional. Sólo así, cambiaría el carácter del Estado. 

En declaraciones a la prensa, el entonces candidato López Obrador declaraba que se respetarían las inversiones y que no se realizarían expropiaciones de ningún tipo, y en su primer discurso como presidente electo en el hotel Hilton, dejó claro a quien serviría: “Habrá libertad empresarial… En materia económica, se respetará la autonomía del Banco de México; el nuevo gobierno mantendrá disciplina financiera y fiscal; se reconocerán los compromisos contraídos con empresas y bancos nacionales y extranjeros (https://www.youtube.com/watch?v=sdDupiegQrU)”.

En síntesis, el complejo de creencias que hemos comentado, se ubica en la esfera de la moral y la política – o superestructura ideológica- y no trasciende a la estructura económica, por lo que constituye una cortina de humo, que impide ver que el problema real no es la corrupción, sino la explotación que realizan unas cuantas familias privilegiadas con el trabajo ajeno de millones de seres humanos a nivel planetario, para acumular riqueza material indefinidamente.