Foto: María Rodríguez/desinformemonos.org
Miguel Ángel Adame Cerón
Publicado originalmente en el Suplemento Cultural de la Jornada, el domingo 16 de noviembre de 2014.
La adolescencia y la
juventud fueron –según paleoantropólogos– etapas que se generaron en el
proceso evolutivo biocultural, y su peculiaridad consiste en el
comportamiento experimental y creativo remarcado. Desde entonces las
diversas sociedades humanas han creado diferentes modalidades
socioculturales para identificarlas. En las sociedades modernas se ha
subrayado a la pubertad, a la adolescencia y a la primera juventud como
etapas formativas críticas y transitorias; por esa razón, las diversas
instituciones, pero principalmente las estatales, han diseñado
directrices específicas para tratar y atender a sus integrantes.
En la época de fuerte crecimiento de la población
adolescente-juvenil, el entonces existente Estado benefactor mexicano
creó institutos y programas para atender sus necesidades conforme a una
perspectiva paternalista y autoritaria, misma que no pudo ni quiso
comprender los cambios en la época de la rebelión juvenil-estudiantil
mundial. Entonces, ante las demandas democráticas y justicieras de los
estudiantes mexicanos en 1968-1971, el gobierno presidencialista
autoritario del PRI les dio como única
respuesta la violencia policíaca y militar. Ante el clamor juvenil de
apertura moral, social y artística durante 1967-1977 (manifestada
paradigmáticamente en el festival de Avándaro), el Estado mexicano y
sus instituciones públicas y privadas impusieron la cerrazón y la
censura.
El neoliberalismo mexicano y los jóvenes
En los últimos treinta y dos años de dictadura
neoliberal, bajo el decrecimiento de la población joven y con la
efervescencia contracultural radical disminuida, las políticas y
opciones para los adolescentes-jóvenes y estudiantes se han
ensombrecido más allá de la cooptación política, la comercialización
artística y las seducciones postmodernas del placer y el escapismo
inmediatista. Junto con la disminución drástica de oportunidades de
desarrollo y de reconocimiento a las necesidades y las capacidades
juveniles, la represión en todas sus modalidades no ha cejado y, por el
contrario, se ha convertido en una constante. Eso explica la
anatematización de las huelgas universitarias (por mencionar las más
destacadas: dos de la UNAM, y una de la UACM),
del ala solidaria de los jóvenes neozapatistas, de los movimientos
críticos y pro-aperturistas como el #Yosoy132, así como de la dramática
lucha de las escuelas normales, la pugna incisiva del MAES (Movimiento de Aspirantes y Excluidos de la Educación Superior) y el reciente paro estudiantil del IPN, entre otros.
Una rápida revisión general de la situación actual
de la juventud y el estudiantado nacional revela que en México hay 38
millones de adolescentes-jóvenes-adultos de doce a veintinueve años.
Específicamente hacia 2012-2013, había más de 21 millones de jóvenes
entre quince y veinticuatro años de edad, de los cuales, más de 11
millones son adolescentes (quince a diecinueve años) y 10 millones son
jóvenes (veinte a veinticuatro años). Para 2010, la juventud representó
cerca de diecinueve por ciento de la población total del país y, para
2013-14, cerca de la quinta parte de la población total
(aproximadamente 17.8 por ciento).
De acuerdo con indicadores de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE),
México tiene el tercer porcentaje más alto de jóvenes que no estudian
ni trabajan: 24.7%, entre las treinta y cuatro naciones que integran
ese organismo. Suman en total 6.2 millones. Instituciones de magro
actuar, como el Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE),
con cinismo se justifican diciendo que ese porcentaje de jóvenes está
en la “informalidad”. En efecto, por informalidad se puede entender
muchas cosas: desde los trabajos no reconocidos y superexplotados, el
vagabundeo urbano, los vendedores callejeros y metronáuticos, la
delincuencia y el pandillerismo, hasta la participación de los
adolescentes y jóvenes en grupos de edad y de pertenencia en búsquedas
de identidades, euforias, compañerismos y canalización a sus
inquietudes creadoras, artísticas y/o políticas en las llamadas tribus urbanas:
metaleros, punks, anarcos, progres, neomarxistas, neojipitecas, emos,
hiphoperos, raperos, góticos, pokemones, reggaetoneros, cholos,
raperos, eskatos, darketos, funks, rockabillys, rastas, graffiteros,
capoeiros, etcétera.
La precariedad educativa y sus consecuencias
Desde hace catorce años, para contrarrestar las
políticas de los gobiernos neoliberales, muchas instituciones
educativo-culturales han tenido que adoptar medidas de sobrevivencia,
mientras otras han sucumbido a las políticas derechistas. Dos muestras
palpables de los resultados de agudización de esta problemática de
precariedad educativa son:
1. La violencia, la agresividad, el bullying
y el consumo de sustancias alcohólicas y enervantes que ocurren en las
escuelas (y sus alrededores), desde las primarias hasta las
universidades, y que se extiende al uso de internet para esas
actividades: en las llamadas redes sociales, a través de los teléfonos
móviles y en blogs, páginas y e-mails se desarrolla toda una
parafernalia de ciberviolencia, ciberacoso y “juegos de la muerte”
(Véase mi libro Violencias, bullyings y juegos de la muerte, Edit. Navarra, México, 2014.)
2. Los miles de jóvenes rechazados de la educación media superior y superior se convierten en nonos (no pueden, no los aceptan), en ninis
(ni trabajan ni estudian), en “informales” (ambulantes y
niños-adolescentes de la calle), o ingresan a las actividades
delincuenciales de los mercados negros, destacando la trata de personas,
la prostitución, el tráfico de drogas y de otros productos.
Investigaciones recientes han mostrado que, en promedio, desde los
catorce años los adolescentes ya son reclutados por los grupos de la
delincuencia organizada (cuando hace una década ingresaban a sus filas
jóvenes entre los veinticinco y los treinta años). En efecto, a quienes
conforman este sector se ha dado en llamarles “tonas”, pues dada su
situación no tienen ya nada que perder y se juegan el “todo o nada”.
Muchos de ellos pierden la vida en los levantones o en las balaceras.
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Por otro lado, y como es bien sabido, el estado
de la infraestructura de las escuelas primarias, secundarias y de
bachillerato es deplorable. La deserción es un mal nacional desde las
primarias y secundarias, pues más de un millón de niños y adolescentes
las abandonan por falta de recursos; la matrícula de los centros
educativos superiores y medio superiores se ha estancado, lo que
significa que, en los hechos, ha retrocedido, pues mientras la
población joven ha crecido un treinta por ciento o más, los lugares
para nuevos aspirantes prácticamente no se han incrementado. Por
ejemplo, para ingresar a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), específicamente para licenciaturas, noventa y uno por ciento de los jóvenes que hicieron examen en 2014 quedaron fuera.
El gasto relativo al PIB
nacional que en México se dedica a la educación pública (5.3%
aproximadamente) es inferior al de Cuba (14%) e incluso al de Costa Rica
y El Salvador; ya no se diga al de los países europeos (España, con
cerca de 11%). Para la educación superior no se ha cumplido el mínimo
recomendado a nivel internacional (Unesco), que es de 1.5%; sólo se
asignó para este año 0.59%. Estos magros recursos han significado, para
las instituciones que sobreviven, la paralización e incluso la
descomposición de la vida académica, moral y de convivencia. La
educación como un derecho humano no se cumple en México en lo absoluto;
por el contrario, con los gobiernos neoliberales se maneja-proyecta
como un bien mercantil que se vende y compra, quedando precarizados,
excluidos y rechazados millones de niños, adolescentes y jóvenes.
A nivel de la educación superior nacional, México
sólo cubre oficialmente el treinta por ciento, es decir, sólo tres de
cada diez jóvenes en edad de asistir a planteles de educación superior
pueden hacerlo. Esta cifra queda por debajo de la media de América
Latina que, de acuerdo con datos de la Unesco, es de cuarenta y uno por
ciento. El treinta por ciento mexicano es vergonzoso respecto a
porcentajes de países como Chile, con sesenta por ciento (aunque aquí
con alta participación de las escuelas privadas), Argentina con setenta
por ciento o Cuba ¡con noventa y cinco por ciento! El contumaz
neoliberalismo mexicano ha deteriorado toda la educación, y si se logra
implementar en los hechos (y no sólo en derecho) la llamada reforma educativa
promulgada por Peña Nieto, esto se agravará, sobre todo a nivel de
calidad, pues la educación superior es el resultado de todos los demás
niveles educativos, desde la preprimaria hasta el bachillerato.
Situación de los jóvenes en el medio rural mexicano
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Los adolescentes y jóvenes rurales e indígenas
son los que menos oportunidades tienen para realizar sus aspiraciones
de mejorar sus condiciones de vida y las de sus familias, así como de
ser útiles profesionalmente a sus comunidades y pueblos. Ante el
desastre del campo mexicano y de su modelo agroproductivo, propiciado
por el Estado neoliberalizado y por la codicia privatizadora y
prospectiva de las trasnacionales bio-fármaco-químicas, los niños,
adolescentes y jóvenes del campo se ven presionados a migrar
(principalmente a las urbes mexicanas y a Estados Unidos, pues las
carencias y pobrezas en sus lugares de origen son enormes). Justo en el
despegue neoliberal en la década de los años noventa del siglo pasado,
la migración de estos grupos de edad se incrementó, hasta llegar a
situaciones desbordantes en los últimos años (no sólo en México sino en
todos los países centroamericanos). Otra “opción” que el neoliberalismo
les da para resolver esas miserias es la venta de artesanías y toda
clase de “chucherías” en las ciudades cercanas, o convertirse en
pordioseros, sea ellos solos o con sus padres, o asumir trabajos
informales de todo tipo. Uno de los más peligrosos consiste en ponerse
al servicio de las bandas delincuenciales (principalmente de
narcotraficantes) como halcones –espías–, mandaderos, o
aprendices en el “arte” de traficar, extorsionar, secuestrar y matar.
Enrolarse en las policías municipales oficiales también se ha
convertido en una vía para ganarse “las tortillas de cada día” pero,
como ha visto el mundo entero, en el caso de Iguala, Guerrero, entre
dichos cuerpos policíacos y las bandas delincuenciales existen
contubernios, alianzas y filiaciones mancomunadas –una vigente durante
el día y la otra durante la noche.
Situación de las normales rurales
En México, las Normales rurales son una entre las
pocas opciones que hay para poder acceder a escuelas de educación
superior, mismas que, desde el giro a la derecha –después del gobierno
de Lázaro Cárdenas (1934-1940), que fue quien las creó– de los
gobiernos del PRI han sido abandonadas y
muchas de ellas clausuradas. Las que sobrevivieron lo han hecho de
manera precaria y gracias a la movilización, solidaridad y empeño de
los estudiantes,* no obstante haber sufrido constantes agresiones y
discriminaciones, sobre todo porque los jóvenes de dichas normales,
desde su fundación, han mantenido un perfil de lucha y compromiso
social con su realidad; también porque su estancia allí es de estudio y
vida colectiva. Como afirma Tanalís Padilla en su texto “La
criminalización de los normalistas rurales”: “Las excursiones,
encuentros deportivos y culturales y la explicación de que su estudio y
activismo da al porqué de la pobreza, hacen de estas instituciones
experiencias de vida formativas. Las normales rurales son el camino
hacia una profesión digna y, a veces, otorgan, despiertan y cultivan el
derecho a soñar.”
Aunado a lo anterior, en muchas de ellas, como
en la de Ayotzinapa en Guerrero, se ha desarrollado una disciplina
militante y politizada de izquierda que a los sectores de derecha y
conservadores incomoda sobremanera. En el conflicto de 2012, cuando dos
estudiantes normalistas de Ayotzinapa fueron asesinados en
Chilpancingo, la propia SEP emitió un
comunicado que, entre otras cosas, decía que en las normales rurales la
“vida interna está marcada por prácticas autoritarias desde el ingreso
de la carrera y ese ambiente en ocasiones determina la salida de
jóvenes que no se adaptan a la voluntad de una minoría… Las normales
rurales tienen el problema de incumplimiento de calendarios escolares,
de horarios de trabajo, asistencia, exámenes y acreditaciones, lo cual
repercute en el bajo rendimiento escolar”. Amparados en este tipo de
descripciones, a las escuelas normales rurales se les ha caracterizado
como “nidos comunistas”, “kínderes de bolcheviques”, “semillero de
guerrilleros”, “escuelas ácratas”, etcétera. De esta manera han sufrido
no sólo la agresión oficial y su ahorcamiento presupuestario, sino al
mismo tiempo una criminalización de su funcionamiento y de sus
participantes. Es por eso que la exlíder del sindicato magisterial,
Elba Esther Gordillo, propuso en 2010 convertirlas en escuelas que
formaran “técnicos en turismo”.
Neoliberato y narcoestado policÍaco-militar, los responsables
En suma, el capitalismo neoliberal, el neoliberato
mexicano –con sus delincuentes de cuello blanco, de uniforme
militar/policíaco y los civiles embozados– y el narcoestado
policíaco militar mexicano son los verdaderos responsables de toda esta
situación de catacumbas que viven la adolescencia y la juventud
mexicanas. Y no sólo son responsables; son sus impulsores.
En las páginas de este diario, Alejandro Nadal ha
dicho que “los crímenes contra los estudiantes normalistas rurales de
Ayotzinapa tienen la huella de un modelo económico en el que los
jóvenes campesinos y su cultura son redundantes”.
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Insertos en este contexto oprobioso, los
estudiantes de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa fueron
víctimas, el 26 de septiembre pasado, de una celada criminal en
Iguala, Guerrero. Ante las preguntas: ¿quiénes dispararon contra los
autobuses que transportaban a los jóvenes?, ¿quiénes hicieron el
macabro acto de desollar y desorbitar a un estudiante de Ayotzinapa?,
¿quiénes asesinaron a los cinco jóvenes e hirieron a veinticinco de
ellos?, ¿quiénes secuestraron y desaparecieron forzadamente a cuarenta y
tres estudiantes de Ayotzinapa? Junto con los responsables, que
cuentan con nombre, apellido y filiación partidista (desde el
presidente Enrique Peña Nieto, el gobernador Ángel Aguirre y el
presidente municipal José Luis Abarca y su esposa, etcétera), están el
sistema y el régimen de dominio explotador, corrupto, racista,
entreguista y asesino, como propiciadores.
Hacia la movilización generalizada contra la violencia sistémica
Las respuestas a esas interrogantes hoy se nos
muestran horrorosamente patentes. Como explicó Omar García, uno de los
normalistas sobrevivientes de la masacre del 26 de septiembre: “Aunque
haya quien lo considere un discurso del pasado, es la lucha de clases.”
En efecto, se trata de una guerra de clases violenta en todos los
planos, particularmente agudizada por la pobreza extrema, el uso de la
represión contra movimientos político-populares, por el asesinato, la
desaparición y el encarcelamiento de líderes en resistencia, etcétera.
Una lucha de clases que ahora se nos muestra más sórdida, maliciosa y
sucia, acorde con los tiempos y espacios turbulentos del capitalismo
mundial.
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Como lo planteara el mismo Omar, contradictoria y dolorosamente la matanza de los de Ayotzi
“crea condiciones favorables para impulsar esa movilización
generalizada. Esta es una oportunidad única para acabar con la
violencia”. La violencia de Estado y de sistema es generalizada, y su
contraparte debería ser la movilización generalizada de todos los
sectores populares que la padecemos. Pero ésta tiene que ser preparada,
organizada, unificada con tácticas y estrategias populares y de clase,
pues, como ha señalado Guillermo Almeyra, si se quiere paz y un nuevo
orden se necesita una nueva revolución de masas. Revolución que tendría
como tarea inmediata desmontar las instituciones represoras del
capitalismo neoliberal e instaurar un nuevo gobierno orgánica y
democráticamente asentado en la participación y las necesidades
colectivas y vitales de las clases y sectores explotados y oprimidos.
*La creación de universidades
Interculturales en zonas rurales indígenas de ciertos estados de México
es reciente, desde 2003, y son sólo alrededor de una docena. Véase
Silvia Schmelkes “Las universidades interculturales en México ¿una contribución a la equidad en educación superior en México?”. Consulta 5 de octubre de 2014.
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